Ellas nos necesitan
María Escudero Sánchez | Actualizado 25.11.2008 - 01:00
EN reconocimiento a Daniel Oliver que perdió su vida, y a Jesús Neira que lucha por ella. A los dos, gracias por vuestro ejemplo.
Las mujeres sólo por serlo tienen más riesgo de sufrir violencia; la de violencia de género es la que sufren las mujeres por su condición de mujeres. Además de la que se refiere a la que se produce en las relaciones de pareja tiene otras manifestaciones como son la publicidad sexista y la pornografía, el acoso laboral, la violencia sexual en forma de agresiones o violaciones o la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Reconocer, respetar y apoyar a las víctimas de cualquier violencia es la manifestación de la altura moral de una sociedad y, no cabe duda, de los avances de la sociedad española en solidaridad y compromiso con todas las víctimas del terrorismo, de la violencia vial, del olvido, de la violencia sexual o de la violencia de género.
Todas las víctimas de violencia de género necesitan de la movilización social de todos y todas para acabar con esta lacra que es contraria a nuestros valores constitucionales de la promoción de la igualdad, del respeto al derecho a la vida y la dignidad y que se cobra las vidas de muchas mujeres. Muchas todavía, aunque una sola víctima justificaría nuestra más profunda repulsa. El papel de las instituciones del Estado es imprescindible para la lucha contra este fenómeno, pero es igual de necesario que individualmente asumamos nuestra responsabilidad combatiendo todas las actitudes sexistas que aún perviven.
La sociedad española está cada vez más concienciada sobre este problema gracias al trabajo realizado por anteriores gobiernos y comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos; y por la sensibilización social llevada a cabo por las organizaciones de mujeres, que son muchas y muy activas en todo el territorio español.
El Gobierno de España está haciendo una prioridad de su acción política el tratamiento de la violencia contra las mujeres realizando un trabajo riguroso y sostenido en el tiempo y buscando el consenso político y social necesario para llevarla a cabo.
España es uno de los países del mundo mejor preparados para combatir la violencia de género. La Ley Integral contra la Violencia de Género que se aprobó a finales del año 2004, es un referente internacional como instrumento para la lucha contra este terrible fenómeno. La ley aborda de forma integral la violencia de género con la implementación de medidas de sensibilización y prevención, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las víctimas, la mejora de la tutela judicial y penal y la formación de profesionales.
El desarrollo de los ya más de tres años de las medidas de la Ley Integral ha dado muy buenos resultados, como lo prueban los 80.000 condenados y las 84.000 ordenes de protección, el aumento del número de denuncias; y el incremento de las sentencias condenatorias, que antes de la entrada en vigor de la ley eran de un 30% del total y que han pasado a ser el 70% del total de las sentencias dictadas.
Las leyes son instrumentos necesarios pero no son suficientes para erradicar un asunto que tiene hondas raíces culturales y que requiere de un cambio profundo de valores y actitudes. La inclusión en la agenda de las políticas desarrolladas por el Estado, de la aplicación del principio de no discriminación y del logro de la igualdad, viene estando presente en el quehacer diario de la acción del Gobierno socialista. La paridad en la composición del Consejo de Ministros, la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva y sobre todo la creación del Ministerio de Igualdad, dan buena cuenta de ello.
En estos momentos, a propuesta del Gobierno, se está estudiando en las Cortes Generales la adecuación de la actual legislación en materia de aborto para garantizar la seguridad de usuarias y pacientes, se ha creado una subcomisión para velar por el desarrollo de la Ley Integral y se ha anunciado la reforma del Código Penal para endurecer delitos sexuales como la pederastia y la tipificación como delito autónomo de la trata de personas.
Sin duda instituciones nacionales e internacionales están ejerciendo sus responsabilidades, los profesionales trabajan con entrega y rigor (un reconocimiento explícito a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su compromiso), pero todos somos necesarios porque la ciudadanía tiene un papel fundamental en construir una sociedad de justicia e igualdad.
Las mujeres sólo por serlo tienen más riesgo de sufrir violencia; la de violencia de género es la que sufren las mujeres por su condición de mujeres. Además de la que se refiere a la que se produce en las relaciones de pareja tiene otras manifestaciones como son la publicidad sexista y la pornografía, el acoso laboral, la violencia sexual en forma de agresiones o violaciones o la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Reconocer, respetar y apoyar a las víctimas de cualquier violencia es la manifestación de la altura moral de una sociedad y, no cabe duda, de los avances de la sociedad española en solidaridad y compromiso con todas las víctimas del terrorismo, de la violencia vial, del olvido, de la violencia sexual o de la violencia de género.
Todas las víctimas de violencia de género necesitan de la movilización social de todos y todas para acabar con esta lacra que es contraria a nuestros valores constitucionales de la promoción de la igualdad, del respeto al derecho a la vida y la dignidad y que se cobra las vidas de muchas mujeres. Muchas todavía, aunque una sola víctima justificaría nuestra más profunda repulsa. El papel de las instituciones del Estado es imprescindible para la lucha contra este fenómeno, pero es igual de necesario que individualmente asumamos nuestra responsabilidad combatiendo todas las actitudes sexistas que aún perviven.
La sociedad española está cada vez más concienciada sobre este problema gracias al trabajo realizado por anteriores gobiernos y comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos; y por la sensibilización social llevada a cabo por las organizaciones de mujeres, que son muchas y muy activas en todo el territorio español.
El Gobierno de España está haciendo una prioridad de su acción política el tratamiento de la violencia contra las mujeres realizando un trabajo riguroso y sostenido en el tiempo y buscando el consenso político y social necesario para llevarla a cabo.
España es uno de los países del mundo mejor preparados para combatir la violencia de género. La Ley Integral contra la Violencia de Género que se aprobó a finales del año 2004, es un referente internacional como instrumento para la lucha contra este terrible fenómeno. La ley aborda de forma integral la violencia de género con la implementación de medidas de sensibilización y prevención, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las víctimas, la mejora de la tutela judicial y penal y la formación de profesionales.
El desarrollo de los ya más de tres años de las medidas de la Ley Integral ha dado muy buenos resultados, como lo prueban los 80.000 condenados y las 84.000 ordenes de protección, el aumento del número de denuncias; y el incremento de las sentencias condenatorias, que antes de la entrada en vigor de la ley eran de un 30% del total y que han pasado a ser el 70% del total de las sentencias dictadas.
Las leyes son instrumentos necesarios pero no son suficientes para erradicar un asunto que tiene hondas raíces culturales y que requiere de un cambio profundo de valores y actitudes. La inclusión en la agenda de las políticas desarrolladas por el Estado, de la aplicación del principio de no discriminación y del logro de la igualdad, viene estando presente en el quehacer diario de la acción del Gobierno socialista. La paridad en la composición del Consejo de Ministros, la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva y sobre todo la creación del Ministerio de Igualdad, dan buena cuenta de ello.
En estos momentos, a propuesta del Gobierno, se está estudiando en las Cortes Generales la adecuación de la actual legislación en materia de aborto para garantizar la seguridad de usuarias y pacientes, se ha creado una subcomisión para velar por el desarrollo de la Ley Integral y se ha anunciado la reforma del Código Penal para endurecer delitos sexuales como la pederastia y la tipificación como delito autónomo de la trata de personas.
Sin duda instituciones nacionales e internacionales están ejerciendo sus responsabilidades, los profesionales trabajan con entrega y rigor (un reconocimiento explícito a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su compromiso), pero todos somos necesarios porque la ciudadanía tiene un papel fundamental en construir una sociedad de justicia e igualdad.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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