El gobierno en Chile tiene listo un proyecto de ley que busca la igualdad salarial para las mujeres por el desempeño de un mismo trabajo que los hombres en el país.
La reforma para la igualdad salarial de género será incorporada al artículo 62 del Código de Trabajo y fue expuesta el 21 de mayo por la mandataria Michelle Bachelet en su última cuenta pública a la nación.
Según cifras oficiales, las chilenas ganan 31,1 por ciento menos que sus pares varones por igual trabajo.
La brecha salarial en las mujeres profesionales es de 49,8 por ciento, lo que ubica a Chile entre las naciones con mayor discriminación laboral en el mundo.
La discriminación salarial hacia las mujeres se justificó por años con prejuicios históricos, religiosos y erradas consideraciones de género que persisten en sectores de la sociedad.
"El proyecto establece la ilegalidad de toda discriminación en el país por razones de sexo", dijo la ministra de la Mujer, Laura Albornoz. "Esta es una medida inédita, pionera, que establece en el artículo 62 del Código del Trabajo la obligación de todos los empleadores de pagar el mismo salario por igual trabajo", agregó.
La ministra dijo que con la futura ley quien alegue discriminación deberá recurrir al empleador, el que deberá dar respuesta dentro de 30 días.
Si el empleado no queda conforme puede recurrir a los tribunales de justicia para resguardar este principio de igualdad de remuneraciones, afirmó.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio junto al gobierno, estimaron que el fin de la brecha de ingresos por género reducirá en Chile 8 por ciento la extrema pobreza y aumentará 2 por ciento los ingresos per cápita.
Siguiendo estas recomendaciones y las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno impulsó en los últimos meses la reforma para prohibir la discriminación salarial hacia las mujeres.
Para los analistas, la iniciativa implica un cambio cultural cuántico en términos de relaciones laborales.
Los empleadores estarán obligados a cumplir con la paridad de remuneraciones o, de lo contrario, se exponen a multas equivalentes a 4.000 dólares o anfrentarrá a los tribunales en casos más graves.
Los primeros que darán el ejemplo en esta nueva práctica son los organismos del gobierno, pues la norma implicará la modificación del Estatuto Administrativo y prohibirá la desigualdad de sueldos entre funcionarios de planta o temporales.
Las empresas privadas deberán velar el cumplimiento de la medida y los reglamentos internos buscarán una solución a las denuncias.
La reforma prevé que las empresas con más de 200 trabajadores/as deberán, además, crear un registro que transparente los cargos y funciones y sus características técnicas esenciales.
Las denuncias judiciales se sujetarán al procedimiento de tutela de Derechos Fundamentales que aplicará la nueva justicia laboral.
Las mujeres trabajadoras duplicaron su número de 1.250.000 en 1990 a 2.500.000 en 2007.
En 1990, las mujeres representaban el 31,7 por ciento la fuerza laboral; en 1998, el 36,2 por ciento, y en 2008, el 41,6 por ciento, segun cifras oficiales. Fin
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